El militar apartado del Ejército por sus ofensas a la Corona acudirá al Tribunal Militar Central
La defensa del cabo argumenta que las publicaciones estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión y de opinión
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La resolución del compromiso, es decir, la expulsión de un cabo del Ejército de Tierra por emitir expresiones contrarias a la Constitución, a la Corona y a mandos militares llegará a los tribunales.
Después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, desestimara el recurso de alzada presentado por Marco Antonio Santos Soto contra la resolución sancionadora del Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), la defensa el afectado ya tiene decidido continuar por la vía judicial contencioso administrativa.
La resolución firmada por Margarita Robles indicaba, como es preceptivo, que en el plazo de dos meses se podría interponer recurso contencioso disciplinario militar ante la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central.
Fuentes de la defensa judicial del cabo expulsado explican a Confidencial Digital que tienen decidido presentar ese recurso. Tienen de plazo dos meses para formalizarlo ante el Tribunal Militar Central, que es el competente en primera instancia en los procesos contencioso disciplinarios militares.
El cabo ha sido expulsado por dos faltas graves: por manifestaciones contrarias al ordenamiento constitucional, a la Corona y a las demás instituciones; y por infringir reiteradamente los deberes de neutralidad política.
El motivo de las sanciones son distintas publicaciones de este cabo del Ejército, en sus perfiles personales de Facebook, así como en un artículo difundido en la web del partido “Republicanos”, en los que atacaba a Felipe VI, a Juan Carlos I y en general a la Familia Real y a la monarquía, en los que criticaba a la justicia, mostraba su solidaridad con los condenados por agredir a guardias civiles en un bar de Alsasua, por publicar el logo de los Comités de Defensa de la República (CDR) de Cataluña…
En el recurso contencioso disciplinario militar, la defensa del cabo expondrá con mayor profundidad los argumentos que ya expuso en el recurso de alzada. Principalmente, alegarán que las publicaciones por las que ha sido expulsado este cabo están amparadas por el derecho a la libertad de expresión y de opinión que consagra la Constitución Española y que también reconoce la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Además, justificarán su recurso contra la expulsión decidida por el Ejército de Tierra y avalada por el Ministerio de Defensa en que ha habido una falta de proporcionalidad en la sanción impuesta, al optar por la más grave, la resolución del compromiso, es decir, la expulsión del cabo.