España

Las injurias a la Corona siguen considerándose “libertad de expresión”

Algunos políticos no han sido condenados por sus acusaciones a Juan Carlos I a los que se une el ex magistrado Joaquín Urías

El rey Felipe junto a don Juan Carlos.
photo_camera El rey Felipe junto a don Juan Carlos.

El rapero Pablo Hásel es la última persona condenada por sus letras descalificadoras e insultantes hacia miembros de la Casa Real. Se encuentra en prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo, en mayo de 2020, a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y las instituciones del Estado. 

El motivo del procesamiento fueron 64 mensajes publicados en Twitter entre 2014 y 2016 y una canción en YouTube que la Justicia considera constitutivos de delito. Esta última, titulada 'Juan Carlos el Bobón' y que aún se puede escuchar en la plataforma de vídeo, acusaba a don Juan Carlos de haber matado a su hermano Alfonsito.

También por publicar unos mensajes, considerados delictivos, sobre el grupo terrorista Grapo: "Las manifestaciones son necesarias, pero no suficientes, apoyemos a quienes han ido más allá”. 

Un ex letrado del Constitucional

Recientemente, el ex letrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías se ha convertido en viral por un discurso que ha realizado sobre Juan Carlos I y sus supuestos tejemanejes. Además, en un vídeo se refiere al padre de Felipe VI como ladrón, y sin miedo a cometer delitos de injurias, incita a los presentes a no reprimir su libertad de expresión. 

Urías creo un hilo en su cuenta de Twitter donde aseguraba que: “…Juan Carlos se ha enriquecido utilizando su cargo como Jefe del Estado y no ha pagado impuestos, es perfectamente lícito decir en público como crítica política estas 6 palabras: el rey emérito es un ladrón”.

Al igual que el ex letrado, políticos de diferentes partidos, han lanzado en reiteradas ocasiones imputaciones a la figura del rey. Como adelantó Monarquía Confidencial, la Hermandad Nacional Monárquica va a promover la constitución de una plataforma que agrupe a las diferentes asociaciones cívico monárquicas existentes en España, con el fin de trabajar juntos en la defensa del sistema monárquico parlamentario vigente.

Los políticos antimonárquicos 

En agosto de 2020, la fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las denuncias contra los políticos Carlos Aragonés (ERC), Ana Pontón (BNG) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), siguiendo el criterio que marcó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que entiende que las manifestaciones contra la Corona o contra los miembros de la familia real se circunscriben al “ámbito de la crítica o disidencia política”, y corresponden “a la expresión de un rechazo a la monarquía como institución”. 

Las denuncias se habían presentado porque, tras anunciarse la marcha de España de Juan Carlos, Aragonés dijo que “los Borbones son una organización criminal”, y que “la monarquía solo puede ser corrupta por definición”. Teresa Rodríguez afirmó: “Juan Carlos I es un ladrón, pero su hijo Felipe VI también”, “Los ricos nos roban y la monarquía puede hacerlo impunemente”, y “La monarquía es corrupta hasta el tuétano”. Mientras que Ana Pontón aseguraba que “No hay incienso ni botafumeiro que tape la podredumbre de la casa Real y no vamos a parar hasta que jueguen a los bombones por ladrones y por corrupción”. No ha habido consecuencias penales. 

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