Rutte dice que Sánchez apoya que el desembolso de fondos cumpla también "los más altos estándares" en Estado de derecho
BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)
El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparte la opinión de que la utilización de los fondos europeos debe cumplir con "los más altos estándares" con respecto al cumplimiento del Estado de derecho.
Así ha reaccionado el holandés al ser preguntado por la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por el PSOE y Podemos en España, sobre la que ha preferido no pronunciarse.
"No comento la cuestión específica entre España y la Comisión pero generalmente siempre he visto que estamos completamente en el mismo lado con respecto a que el dinero de la UE que se gasta en los Estados miembros, sea en el Sur, el Este, el Norte o el Oeste, cumpla siempre con los más altos estándares del Estado de derecho, y sé que Pedro Sánchez piensa lo mismo", ha expresado.
"Debo mantenerme en mi papel. Es claramente un tema entre la Comisión y los Estados miembros y no soy útil comentándolo", ha dicho, para eludir el debate sobre la reforma del CGPJ, si bien ha añadido que de manera general cree que Sánchez está "hombro con hombro" con el gobierno holandés y "otros muchos" en defensa del Estado de derecho.
Así, en lugar de pronunciarse sobre la polémica abierta en España por la reforma del CGPJ, Rutte ha contestado haciendo referencia al mecanismo que los Veintisiete quieren sacar adelante para vincular el pago de ayudas europeas al Estado de derecho.
Con este instrumento, la UE pretende establecer un instrumento para bloquear el pago de ayudas europeas si se demuestra que un Estado miembro ha utilizado de manera fraudulenta el dinero comunitario. Es decir, no afectaría a violaciones del Estado de derecho relacionadas, por ejemplo, con ataques a la independencia judicial.
Se trata de una normativa que todavía se encuentra en fase de negociaciones entre el Consejo de la UE (los países) y el Parlamento Europeo, que pide un mecanismo más exigente ligado también a violaciones de los principios democráticos. Países como los nórdicos o el Benelux comparten la ambición de los eurodiputados.
