España

El Partido Comunista alerta de un movimiento de ultraderecha que trata de influir en el rey

Han denunciado la infiltración de un grupo organizado que quiere generar adeptos entre oficiales, suboficiales y cabos primeros para influir en la opinión pública y en el monarca

Felipe VI en el Museo del Ejército
photo_camera Felipe VI en el Museo del Ejército

Los manifiestos enviado al rey y hechos públicos, y los mensajes de algunos chats de WhatsApp de ciertos militares en situación de retiro sirvieron a los partidos que sustentan el Gobierno, y sobre todo a Unidas Podemos, para denunciar que son víctimas de movimientos casi golpistas en las Fuerzas Armadas.

Distintos dirigentes de la coalición han destacado esas expresiones de militares retirados y han pedido medidas para sancionar a sus autores.

Pasada en parte la polémica por los manifiestos y los chats, el Partido Comunista de España se ha pronunciado en un texto que ha circulado entre sus militantes y que ha recogido también Mundo Obrero, su órgano informativo.

El líder del PCE, muy cercano a Pablo Iglesias

Una “grave amenaza”, aunque “no constituyen una mayoría”: ese podría ser el resumen de la advertencia que el PCE hace en el texto, que lleva por título “Frenar la infiltración de la ultraderecha en las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para impedir la desestabilización política”.

El actual secretario general del PCE es Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos que en los últimos meses ha sido señalado como una persona muy cercana a Pablo Iglesias.

Santiago es portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, y es el dueño de la vivienda en Asturias en la que Pablo Iglesias, Irene Montero y sus hijos pasaron unos días de vacaciones este mes de agosto, que terminaron entre denuncias de que, también allí como en Galapagar, estaba siendo “acosados” por simpatizantes de Vox.

Otro dato relevador de su cercanía con Iglesias es que la noche de las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco, el 12 de julio, Enrique Santiago acudió a casa de Iglesias y Montero en Galapagar. Se supo porque al salir fue increpado por varias personas que se manifestaban allí.

“Una operación de desestabilización”

El texto del Partido Comunista de España comienza recordando que “desde julio de 2018 hasta hoy se han conocido al menos cinco cartas o manifiestos firmadas por militares en situación de retiro descalificando al actual sistema democrático y pidiendo medidas de intervención para corregir lo que consideran una ‘situación política inaceptable’, eufemismo para denominar al gobierno de coalición en el que participa Unidas Podemos”.

El Gobierno de Pedro Sánchez, con el PSOE en solitario, se formó en junio de 2018, y ya ese verano circularon manifiestos de militares a raíz del inicio de los trámites para sacar del Valle de los Caídos los restos mortales de Francisco Franco.

“El ultimo de estos manifiestos, publicado el pasado 3 de diciembre, firmado por mas de 270 militares en retiro que llaman a ‘revertir la peligrosa deriva de nuestra Patria ante un Gobierno que ha cedido a comunistas, golpistas y proetarras’. Al mismo tiempo, sale a la luz pública un chat de militares retirados en el que un general defiende fusilar a 26 millones de españoles, a los que denomina ‘hijos de puta’”, subraya el PCE.

Recuerda que “el Partido Comunista de España ha venido denunciando la existencia de una operación de desestabilización de la democracia”; en primer lugar, “para impedir la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno”, y ahora que está ya dentro, “para atacar al gobierno de coalición, puesta en marcha tan pronto se aprobó la investidura como Presidente del Gobierno de Pedro Sánchez en enero de 2020”.

Desde el PCE advierten que esos “ataques desestabilizadores”, llevados a cabo por cualquier medio, se han incrementado aprovechando la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

Militares, políticos, empresarios, jueces...

Para el Partido Comunista, estos ataques no son aislados, ni espontáneos: “No cabe duda de que existe un plan organizado”, asegura, en el que participan “desde la derecha política, económica y judicial más extrema, con la participación de sectores no solo militares, sino institucionales, económicos y sociales”.

El objetivo de ese plan organizado es simple, según lo ve el PCE: “Acabar con este Gobierno por cualquier medio, sirviéndose especialmente de la intoxicación mediática, el acoso judicial y la utilización antidemocrática de distintas instituciones del Estado”.

En el marco de esos movimientos, los comunistas del PCE ubican lo que denominan “la infiltración de la ultraderecha, como movimiento organizado, en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, es decir, no sólo entre los ejércitos, sino también en la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros cuerpos policiales.

Cabe señalar que el propio Enrique Santiago, igual que Alberto Garzón, en su día dejaron caer que las Fuerzas de Seguridad no se aplicaban todo lo debido en proteger a Pablo Iglesias, Irene Montero y su familia ante el “acoso de la ultraderecha”, insinuando que esa falta de celo obedecía a cuestiones ideológicas.

Según el PCE, esa “infiltración de la ultraderecha” en las Fuerzas Armadas “constituye una grave amenaza, aunque a fecha de hoy no puede afirmarse que sean mayoritarios estos sectores antidemocráticos”.

Buscan influir en el rey

El Partido Comunista parece estar al tanto de supuestos movimientos internos en las Fuerzas Armadas, o al menos los describe con cierto detalle: concreta que, si bien esos “sector antidemocráticos” no constituyen una mayoría, “sí trabajan activamente para determinar los debates y el ánimo general en las cámaras de oficiales y camaretas de suboficiales y cabos primeros. Es un trabajo sistemático, organizado y coordinado con la ultraderecha política que busca crear hegemonía en el seno de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

Siguiendo este análisis, esto demostraría que existe “una coordinación de distintos sectores desestabilizadores con integrantes o ex integrantes de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado”, en una estrategia que busca influir en la opinión pública y en especial en el Jefe de Estado”.

Hay que recordar que las cartas y manifiestos que circularon a finales de noviembre y principios de diciembre iban dirigidos al rey Felipe.

Medidas para desactivarlo

A juicio del PCE, esta supuesta “estrategia desestabilizadora pretende arrastrar a otras esferas de poder, mediáticas, económicas, institucionales y judiciales y convertir a todos los anteriores en actores de desestabilización. Todo con la activa participación de redes y estructuras vinculadas a la ultraderecha”.

El escrito no sólo alerta de la “infiltración ultraderechista en las Fuerzas Armadas”, sino que también propone ciertas medidas para “desarticular las estrategias desestabilizadoras de la extrema derecha y sus aliados”.

El Partido Comunista de España apunta, en primer lugar, que “es necesario abordar de una vez la asignatura pendiente de la reforma de las Fuerzas Armadas para dotarlas de mecanismos que permitan que la realización de declaraciones o actividades desestabilizadoras y contrarias al orden constitucional puedan ser sancionadas cuando se realizan por militares que, aunque estén en retiro, utilicen para desplegar esa actividad su antigua condición”.

Precisamente porque no pueden ser sancionados disciplinariamente, Margarita Robles remitió a la Fiscalía los mensajes de WhatsApp filtrados por si podía investigarse a sus autores como posibles responsables de delitos como usurpación de funciones, al intentar difundir el equívoco de que son militares, cuando ya están retirados.

El caldo de cultivo de los mayores de 45

El PCE, que se integra en Izquierda Unida, y a través de IU en Unidas Podemos, pide también reformar el sistema de acceso a las academias militares, así como a las academias de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

Por ejemplo, reclama que se elimine “cualquier prueba de valoración subjetiva para el acceso, en especial si estas valoraciones son realizadas por los propios mandos”.

Otra medida en el ámbito militar sería “objetivar al máximo los procedimientos de ascensos, acceso a cursos de formación y renovaciones de contratos de tropa y marinería, así como oficiales de complemento, garantizando la participación en las evaluaciones de funcionarios externos a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Llama la atención que, para “frenar la infiltración de la ultraderecha en las Fuerzas Armadas”, considere también necesario mejorar las condiciones laborales de los militares: “Debe solucionarse el problema de los despidos a la tropa y militares de complemento que cumplen 45 años. Debemos evitar el inmenso problema social y político que supone la salida del ejército de decenas de miles de hombres y mujeres sin otro oficio que las armas, con escasa o nula posibilidad de hacer valer su experiencia para acceder a un empleo digno”, ya que eso “les hace muy vulnerables a las iniciativas de la extrema derecha”.

Un cabo expulsado

Mientras reclama que se pueda sancionar a los militares retirados por expresar críticas al Gobierno actual, o manifestar su respaldo a la figura de Franco (dos de los casos conocidos en los últimos años), al mismo tiempo el PCE critica que se haya expulsado a un cabo por sus opiniones.

Se trata del caso del cabo Marco Antonio Santos Soto: “Es inaceptable la sentencia del Tribunal Militar Central que confirma la sanción disciplinaria impuesta al cabo Marco Antonio Santos”, tal y como contó ECD, “por manifestarse en contra de los militares retirados que alabaron al ex dictador y por firmar una carta con la formula ‘Salud y República’”.

El Partido Comunista critica cierta doble vara de medir: “Ya entrados en el siglo XXI no es aceptable que en democracia se actúe de forma permisiva con militares o ex militares que simpatizan o participan en operaciones desestabilizadoras, mientras que se expulsa del ejército a militares demócratas que denuncian y condenan actitudes desestabilizadoras y fascistas”.

Termina señalando que va a defender que se reformen las leyes que limitan ciertos derechos a los militares, para que se reconozcan “los derechos democráticos y sindicales en las Fuerzas Armadas, para fortalecer las asociaciones y colectivos, tratando de vincularlos a los sindicatos preexistentes”.

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