¿Una reina católica en Inglaterra?
Siempre me ha parecido sorprendente que en una de las cunas de la democracia, el Reino Unido, espejo donde se han mirado muchas monarquías parlamentarias en Europa, haya pervivido un confesionalismo a ultranza que veta que cualquier católico sueñe siquiera en ser rey de Inglaterra. La separación de poderes de que hablaba el Barón de Montesquieu en su “El Espíritu de las Leyes” es muy sabia pero, ¿qué decir de la separación entre la Iglesia y el Estado?. La unión de altar y trono, ya periclitada en otras monarquías europeas, sigue viva en la Gran Bretaña, donde la Reina es Cabeza de la Iglesia, lo que hace de su patria un Estado no precisamente laico aunque sí exista libertad de culto.
La Constitución Española, más avanzada en este aspecto, consagra en su Art. 16.3. la separación Iglesia-Estado cuando dice que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. El Rey de España ha perdido el tradicional tratamiento de Su Católica Majestad. El Concordato entre la Santa Sede y España no hace más que regular la enseñanza privada, la financiación de la Iglesia y sus esferas de participación en la vida civil pero España no es un Estado confesional ni existe prohibición alguna para que una persona de la religión que sea acceda al trono, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Título II de la Constitución.
El Evangelio de San Mateo recoge la famosa “dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Y parece que en Inglaterra se están dando cuenta de ello. Para empezar, el Primer Ministro Gordon Brown ha encargado al parlamentario Chris Bryant un plan que ponga fin a la exclusión de los católicos del trono. Para continuar, se aboliría el principio de que sea el primogénito varón el que suceda en el trono lo cual se haría efectivo si el príncipe William tuviera una primera hija mujer, que se convertiría en heredera. Y para finalizar, se limitaría el poder del Privy Council -órgano que aconseja a la Corona en cuestiones políticas- sobre todo en su papel como árbitro entre Escocia y Gales y el Gobierno británico. Todo ello necesitaría de la anuencia de los países miembros de la Commonwealth.
Algunos medios de prensa británicos, como The Guardian, han clamado ya desde hace años contra una situación que a todas luces no casa muy bien con el respeto a los Derechos Humanos. Una situación que consagraron sucesivamente en 1688 la Carta de Derechosy las provisiones del Acta de Juramento a la Corona, en 1701 el Acta de Establecimiento, y en 1707 el Acta de Unión. Todas esas normas excluyeron a los católicos y sus consortes de la sucesión y reforzaron la sucesión protestante. El monarca debe además declarar ante el Parlamento su rechazo al catolicismo.
La aplicación del Acta de Establecimiento viola el Art. 9 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales –el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión-, el Art. 14, que habla –entre otras cosas- de la prohibición de discriminación por razón de religión, y para algunos hasta el Art. 1 del Protocolo 1 de dicho Convenio, es decir el derecho al pacífico disfrute de posesiones, como un lugar en la línea de sucesión. Esa norma británica ha apartado del camino al trono a docenas de personas por su nacimiento ilegítimo, por ser católicas o estar casadas con católicos. El Conde de St Andrews y el príncipe Miguel de Kent perdieron sus derechos al casarse con católicas. Sus hijos los conservarán mientras estén en comunión con la Iglesia Anglicana. Por su parte, cuando este año se anunció que Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, iba a casarse con la católica Autumn Kelly, se procedió a una rápida aceptación de ésta en la Iglesia de Inglaterra y Meter conservó su lugar en la línea sucesoria.
Esta inquina anticatólica legal, sin embargo, no afecta a los miembros de otras confesiones religiosas. Una cosa es la tradición, que aplaudo, y otra el anacronismo atentatorio contra derechos fundamentales, que repudio. Esperemos pues el “aggiornamento”.
