El Senado debate mañana una moción de Cs para suprimir los aforamientos políticos por ser una "anomalía universal"

Los 'naranjas' denuncian un número excesivo de aforados, más de 2.000 en toda España

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El pleno del Senado debatirá este miércoles una moción presentada por Ciudadanos para suprimir los aforamientos políticos, que afectan a más de 2.000 cargos en toda España, incluidos diputados, senadores y miembros del Gobierno, por considerar que es una "anomalía universal" que quiebra el principio de igualdad ante la ley.

La moción, presentada el pasado 14 de octubre para su debate en sesión plenaria, insta al Gobierno a reformar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución para eliminar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo y a las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, a modificar sus respectivos estatutos para acabar con el aforamiento de sus diputados y de los integrantes de los gobiernos regionales.

Los 'naranjas' argumentan que el aforamiento es un "privilegio" que "se sustancia, por un lado, en una quiebra del principio de igualdad y, por otro, en una alteración de las reglas ordinarias del artículo 24.2 de la Constitución Española ('Todos tienen derecho al juez ordinario'), al atribuirse jurisdicción 'ratione personae' sobre los asuntos penales a los órganos jurisdiccionales de orden superior, así como, por las mismas razones, una alteración de las reglas de competencia objetiva de los tribunales".

En su opinión, "aunque esta vinculación entre la política y la justicia ocurre en el peor de los casos de manera indirecta, es suficiente para generar dudas sobre la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial", en pleno debate sobre el sistema de elección de los vocales del Consejo de General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación está pendiente desde hace casi dos años.

Además, Ciudadanos denuncia que, si bien la Constitución regula esta figura jurídica para senadores, diputados y miembros del Gobierno, "desde que ésta se promulgara en el año 1978, el número de aforados, es decir, el número de personas sujetas a este régimen procesal especial, ha crecido constantemente mediante la aprobación de distintas leyes orgánicas". Así, por ejemplo, señala que "los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas han seguido un esquema similar".

De acuerdo con el partido de Inés Arrimadas, actualmente los aforamientos políticos en España afectan a más de 2.000 cargos públicos, frente a los aproximadamente diez de Francia y uno en Portugal e Italia, mientras que en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos no hay aforados. "Se trata, pues, de una anomalía universal cuya reforma debe abordarse con carácter inmediato", reclama.

"NUEVAS EXIGENCIAS DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA"

Ciudadanos admite en su moción que "durante los últimos años la cuestión de los aforamientos se ha convertido en un debate recurrente en nuestro país, tanto en los partidos políticos, como en la sociedad civil y la población".

De hecho, hace dos años el Pleno del Congreso aprobó sin ningún voto en contra otra moción de Ciudadanos en la que se instaba al Gobierno a cambiar la Constitución para suprimir los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo, y a los parlamentos regionales, a modificar sus respectivos Estatutos para desaforar también a sus cargos públicos.

Sin embargo, justifica la actual moción por "las nuevas exigencias de regeneración democrática de la sociedad". Ciudadanos considera necesario "demostrar a la ciudadanía que los políticos (...) no sienten necesidad alguna de disfrutar de un trato de favor que, además de injustificado, no hace sino acrecentar la distancia entre los representantes y los representados y, en definitiva, constituir y mantener un quiebra flagrante del principio de igualdad, incompatible con una democracia moderna".

La moción llega también en el contexto del debate judicial por la exposición razonada que el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha elevado al Supremo para que investigue al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por el caso 'Dina', porque trasciende su competencia al estar aforado ante este tribunal.