Los herederos de los títulos nobiliarios otorgados por Franco denuncian que el Ministerio de Justicia incumple la obligación de tramitar la sucesión a los descendientes

El General concedió 36 títulos nobiliarios en sus cerca de cuarenta años como Jefe de Estado, de los cuales, once fueron con grandeza de España.

Según ha explicado a Monarquía Confidencial algunos de los afectados, el Ministerio de Justica no está autorizando la sucesión de al menos cuatro distinciones otorgadas durante el franquismo correspondientes a: Marquesado de Queipo Llano, concedido por el caudillo en 1950 al general Queipo de Llano; los condados de Mola y de El Abra, cuyos beneficiarios fueron, respectivamente, el general Emilio Mola, y el empresario vasco Alfonso Churruca y Calbetón; y la grandeza añadida al entonces conde de Vallellano, Fernando Suárez de Tangil y Angulo.

El origen de la situación se sitúa a comienzos del año 2009, cuando tomó posesión Francisco Caamaño como nuevo ministro de Justicia, después de que su predecesor, Mariano Fernández Bermejo, dimitiese al demostrarse que había practicado la caza sin licencia.

Caamaño tan sólo debía remitir a la Zarzuela la Real Carta, el documento por el cual el Rey reconoce la sucesión de un título nobiliario, para consolidar la concesión. Sin embargo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica paró los trámites, al exigir la retirada de todos los títulos concedidos por Franco, pese a que el capítulo de los títulos nobiliarios no se incluía en la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Congreso de los Diputados en octubre de 2007.

Hasta el momento, los afectados no han emprendido acciones legales contra el ministro de Justicia a pesar de que los expedientes de sus dignidades, así como el proceso de adjudicación hereditaria, se encuentran parados en el Ministerio de Justicia desde hace más de un año.

Proceso de tramitación de un título nobiliario:

Monarquía Confidencial se ha puesto en contacto con un experto en derecho nobiliario para conocer el proceso a seguir a la hora de transmitir en España un título nobiliario. Según cuenta, una vez fallecido el poseedor de un título nobiliario, los sucesores directos, ya sean descendientes o hijos, solicitan la sucesión ante el Ministerio de Justicia, en el que, junto con la solicitud, se aporta un árbol genealógico, documentado con las partidas de defunción, matrimonio y nacimiento pertinentes

Una vez enviada la solicitud, se publica en el BOE, para dar un plazo de 30 días a las personas que se crean con mejor derecho que el solicitante. Si no hay reclamación, la solicitud de sucesión es enviada a la Diputación de la Grandeza para que emita un informe sobre la pertinencia del candidato, y al mismo Consejo de Estado, el cual envía otro informe.

A partir de ese momento, Ministro de Justicia, actualmente Francisco Caamaño, debe emitir un informe al Rey para que este firme la Real Carta, que concede el título que se solicita, a favor del candidato con mejor derecho. Una vez publicada en el BOE, la persona solicitante tiene un plazo para pagar el impuesto de sucesión en los títulos, tras lo cual el título es firmado por don Juan Carlos.