Manifestación contra la infanta Cristina ante la sala del juicio del caso Nóos
Una plataforma republicana de Baleares ha convocado para el lunes 11 una protesta ante el edificio de Palma de Mallorca que acogerá la vista oral
La Escuela Balear de Administración Pública acoge desde el 11 de enero la vista oral del juicio por la presunta trama de corrupción urdida en torno al Instituto Nóos. La infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados junto con su marido Iñaki Urdangarín, lo que ha movilizado a los republicanos.
La organización balear de Unidad Cívica por la República está difundiendo entre sus simpatizantes y por las redes sociales una convocatoria para concentrarse en el Polígono de Son Rossinyol, donde se encuentra el edificio elegido por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca para acoger este juicio, uno de los más importantes de España en los últimos años.
El llamamiento que están haciendo circular, según ha podido comprobar Monarquía Confidencial, fija en las 9:30 de la mañana la hora de encuentro frente a la Escuela Balear de Administración Pública.
Hay que señalar que ya cuando la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín acudieron a los juzgados de Palma para comparecer ante el juez instructor del caso, José Castro, se movilizaron decenas de personas que con banderas republicanas, pero también independentistas catalanas, mostraron su rechazo a la corrupción pero también a la propia monarquía y a los Borbones.
“El caso Nóos es uno más de los casos de presunta corrupción de la monarquía borbónica”, afirman desde Unidad Cívica por la República-Baleares, que también exige saber si “se hará justicia con la infanta Cristina, o se la tratará con los privilegios monárquicos”, además de si Urdangarín y su esposa devolverán el dinero supuestamente desviado en su beneficio y, si “sabremos qué se organizó en el Palacio de Marivent y cómo se ejecutó lo relacionado con este caso.
Los organizadores de la protesta ante la sala del juicio aseguran que “en una república seríamos todas y todos iguales ante la ley, se devolvería el dinero robado y el Palacio de Marivent no sería un coto privado apto para la corrupción”.
