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UGT ve "insuficiente" el Estatuto Electrointensivo porque "no soluciona el problema"

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha considerado "insuficiente" el Estatuto para el Consumidor Electrointensivo aprobado por el Gobierno para bajar el recibo de la luz de la gran industria y ha lamentado que, tras dos años de espera, "refleje una regulación tan exigua que no soluciona el verdadero problema de la industria alta consumidora de energía".

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT ha considerado "insuficiente" el Estatuto para el Consumidor Electrointensivo aprobado por el Gobierno para bajar el recibo de la luz de la gran industria y ha lamentado que, tras dos años de espera, "refleje una regulación tan exigua que no soluciona el verdadero problema de la industria alta consumidora de energía".

En un comunicado, el sindicato, aunque estima "positivo" el reconocimiento jurídico de la industria electrointensiva, cree que "no cumple el objetivo básico para el que ha sido diseñado", como es el acceso para estas empresas a una tarifa energética competitiva con relación a los países del entorno.

Por ello, ante el momento "crítico" que vive la industria electrointensiva, insta al Gobierno a que tenga en cuenta las reivindicaciones de los agentes sociales y modifique el Estatuto para poder equiparar sus costes energéticos a los de sus competidores dentro UE.

Así, considera que la normativa ignora la existencia de las empresas denominadas hiperelectrointensivas, reivindicación "fundamental" de los agentes sociales y reflejada en las alegaciones que presentó en 2018 y que sí han reconocido otros países europeos.

Igualmente, cree que se trata de "un error" no aplicar a este tipo de consumidores las medidas complementarias (mayores exenciones de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución y del impuesto eléctrico), "más aún después de que haya desaparecido definitivamente el mecanismo de subasta demanda de interrumpibilidad".

Además, el sindicato insiste en que la regulación sobre compensación de costes por emisiones indirectas de CO2 "debe ser taxativa" y estar reconocida de forma ordinaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sin cuestionar la aplicación en su integridad del máximo de la compensación autorizada por la Comisión Europea -20% de lo recaudado-, "pues la incertidumbre que genera el Estatuto desincentiva la realización de inversiones".

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