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PP suspende por primera vez el acto público por el asesinato de Alberto Jiménez-Becerril y su esposa

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El PP de Sevilla ha acordado, por primera vez en su historia, no celebrar este sábado el acto público que desde hace 23 años ha venido realizando en homenaje del que fuera concejal popular Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, la procuradora Ascensión García, tras su asesinato a manos de la banda terrorista ETA.

Según informa la dirección provincial en una nota de prensa, "ha sido una decisión adoptada por responsabilidad con las circunstancias, pero con mucho sacrificio y todo el dolor de nuestro corazón". "La pandemia va a impedir que este sábado estemos todos juntos para ofrecer nuestro homenaje a Alberto y Ascen, pero no va a conseguir que los olvidemos porque ellos estarán en nuestra memoria en cada segundo del día", subraya.

El PP sevillano sí mantendrá su visita al cementerio y, por supuesto, participará en los actos institucionales organizados por al Fundación y el Ayuntamiento en su memoria. Asimismo, la dirección provincial ha anunciado que, "en cuanto la situación lo permita, la familia del PP sevillano volverá a unirse para celebrar este acto tan importante para nosotros".

HACE 23 AÑOS

Alberto Jiménez-Beceril y Ascensión García, ambos de 37 años, fueron asesinados en la madrugada del día 30 de enero de 1998 en la calle Don Remondo del céntrico barrio de Santa Cruz, en la esquina con la calle Cardenal Sanz y Flores, cuando regresaban a su domicilio tras haber cenado fuera, al recibir sendos disparos en la cabeza por parte de varios etarras.

El concejal había aparecido hacía dos años en una lista intervenida a ETA por la Policía, aunque no había recibido ningún tipo de amenazas. El matrimonio iba a cumplir su décimo aniversario de bodas y contaban con tres hijos, de edades entonces comprendidas entre los cuatro y los nueve años.

Por este asesinato, fueron procesados los miembros del Comando Andalucía de ETA Mikel Azurmendi, José Luis Barrios Martín y Maite Pedrosa. Así, Azurmendi y Barrios fueron condenados a 60 años como autores materiales de los disparos que acabaron con la vida del concejal y su mujer, mientras que Pedrosa fue condenada a diez años de prisión por un delito de conspiración para cometer homicidio terrorista, al no haber participado directamente en la acción terrorista. El Tribunal Supremo elevó después la pena a 12 años.

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