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Juzgados investigan al fondo de inversión Portobello por las presuntas irregularidades en las clínicas dentales Vivanta

Socios minoritarios le acusan de diversas cuestiones que van desde el espionaje a la administración desleal

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Varios juzgados penales y mercantiles de Madrid están investigando al fondo de inversión Portobello, a raíz de una serie de querellas y demandas presentadas por socios minoritarios de la cadena de clínicas dentales y estéticas Vivanta --una de sus empresas-- por las presuntas irregularidades en la misma, incluido un supuesto caso de espionaje.

El "calvario judicial" de Portobello, según lo definen las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, comenzó en 2019 cuando los socios minoritarios de Vivanta, de muy diversa procedencia --desde franquiciados a dentistas-- y que poseen el 12 por ciento de la empresa, empezaron a acudir a los juzgados madrileños. De acuerdo con las mismas fuentes, podría acabar siendo un caso similar al de Dentix.

Vivanta se creó en 2017 después de que Portobello comprara varias empresas del sector, entre ellas Unidental. Precisamente, esta operación es una de las investigadas. El Juzgado de Instrucción Número 49 tramita una querella por estafa, falsedad y administración desleal presentada por el antiguo dueño de Unidental contra Portobello como víctima de una supuesta trama para comprarle su negocio mediante engaños a bajo precio. El 21 de enero, el fondo de inversión y uno de sus socios, Carlos Dolz, están citados para declarar.

También en el ámbito penal, en el Juzgado de Instrucción Número 14 se ha investigado la querella por revelación y descubrimiento de secretos interpuesta contra Portobello por el presunto espionaje al presidente de Vivanta. El pasado mes de octubre, el juez dictó un auto de transformación en procedimiento abreviado para que se juzgue el caso.

Durante la fase de instrucción, apuntan las mismas fuentes, se ha acreditado que Portobello interceptó los correos electrónicos en copia PST. El fondo de inversión sostiene que había consentimiento, si bien la parte contraria lo niega y denuncia que el objetivo del supuesto espionaje era adquirir las participaciones de este socio minoritario de Vivanta a bajo precio.

INVESTIGACIÓN MERCANTIL

Portobello, cuyos socios son Iñigo Sánchez-Asiaín Mardones, Juan Luis Ramírez Beláustegui, Ramón Cerdeiras Checa y Carlos Dolz de Espejo, y que tiene a BNP Paribas (2,5%), BBVA Capital Privado 2016FCR (1,17%), Bankia Pensiones (0,50%), Caixa Pensiones (1,25%), Fondo de Pensiones Gas Natural (0,08%) y European Investment Fund (13,33%) entre sus inversores, se enfrenta igualmente a varias causas mercantiles.

En el Juzgado de lo Mercantil Número 2, se ha admitido a trámite la acción por responsabilidad social impulsada por un socio minoritario de Vivanta contra Portobello por el presunto perjuicio económico provocado al comprar el Grupo Vera Dental por un supuesto sobreprecio de 6,2 millones de euros. De acuerdo con el demandante, el Grupo Vera --formado por tres sociedades, una de las cuales está inmersa en una causa de disolución por patrimonio negativo-- valía realmente 7 millones y fue adquirido por 14.

Por su parte, el Juzgado de lo Mercantil Número 13 ha admitido a trámite una demanda en la que se pide la nulidad de los contratos de préstamo suscritos por Vivanta con BNP Paribas y Ares en 2017 y ampliados en 2019 y 2020. La demanda alega que Portobello los firmó a espaldas de los socios minoritarios, que debían haber dado su visto bueno y que se enteraron de que estos contratos existían por otro procedimiento judicial. Una de las cláusulas contempla la venta de Vivanta en caso de impago.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que estas son solo algunas de las causas contra Portobello, subrayando que hay más de una decena pendientes de ser admitidas o rechazadas. Así, un socio minoritario ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil Número 12 medidas cautelares, asociadas a otra demanda, por la decisión de Portobello de modificar el órgano de administración de las 22 filiales de Vivanta para que pasaran a estar gobernadas por un administrador único, con lo que habría vulnerado los estatutos sociales.

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