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Fernando Roig tras declarar en la causa que investiga el patrimonio de Carlos Fabra: "Estoy de puta madre"

El presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, ha asegurado tras declarar ante el juez en la causa que investiga el patrimonio del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra que está "de puta madre".

CASTELLÓ, 22 (EUROPA PRESS)-

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El presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, ha asegurado tras declarar ante el juez en la causa que investiga el patrimonio del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra que está "de puta madre".

Roig ha declarado este martes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón en el marco de la causa donde se investiga si Carlos Fabra ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales.

Al salir de la Ciudad de la Justicia, Roig ha indicado a los medios de comunicación que había contestado a lo que le ha preguntado el juez y, al ser preguntado si está tranquilo, ha indicado que está "de puta madre".

Fernando Roig se encuentra entre los 27 investigados en estas diligencias, incluido el propio Carlos Fabra y varios de sus familiares.

Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Roig fue representante de una mercantil que absorbió a otra que concedió un crédito personal a Carlos Fabra por valor de 1,4 millones de euros con garantía hipotecaria sobre una vivienda del propio expresidente de la Diputación en 2013.

El juzgado abrió esta causa en junio de 2017, tras recibir una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.

La investigación, que ha estado secreta hasta septiembre de este año, trata de determinar el origen de los flujos económicos manejados directamente o a través de terceros por el expresidente de la Diputación y si esos ingresos pudieron responder a labores de intermediación realizadas durante el ejercicio de cargo público.

El juzgado también investiga si se produjo una ocultación patrimonial mediante un entramado de empresas y personas para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda tras la condena penal.

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