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Cs vuelve a registrar su ley anticorrupción seis meses después de que el PSOE y Podemos la rechazaran en el Congreso

Ciudadanos ha registrado nuevamente su proposición de ley de Medidas de Lucha contra la Corrupción y para la Protección de los Alertadores, similar a la que fue rechazada el pasado junio por el Pleno del Congreso con los votos en contra del PSOE y Unidas Podemos, y ha afirmado que la seguirá presentando hasta conseguir su aprobación.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

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Ciudadanos ha registrado nuevamente su proposición de ley de Medidas de Lucha contra la Corrupción y para la Protección de los Alertadores, similar a la que fue rechazada el pasado junio por el Pleno del Congreso con los votos en contra del PSOE y Unidas Podemos, y ha afirmado que la seguirá presentando hasta conseguir su aprobación.

Tras señalar que siempre ha apoyado la creación de comisiones de investigación parlamentarias sobre los casos de corrupción de cualquier partido, Cs ha instado a todas las fuerzas políticas a permitir la aprobación de su iniciativa y así "luchar contra esta lacra que ataca a la raíz de nuestro sistema democrático".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha explicado en Sabadell (Barcelona) que su partido vuelve a llevar este asunto al Congreso tras las noticias sobre las presuntas irregularidades en el Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat, por las que está investigada la alcaldesa de esta ciudad, la dirigente socialista Núria Marín.

Según la formación naranja, la proposición de ley registrada este viernes incluye varias mejoras técnicas "para tratar de conseguir el mayor consenso posible" y hace una trasposición completa de la directiva europea para proteger a las personas que alertan de los casos de corrupción.

La primera vez que Cs propuso una ley contra la corrupción en la Cámara Baja fue en septiembre de 2016, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque al año siguiente el Pleno aceptó tramitarla y se presentaron enmiendas, después se quedó parada en la Comisión Constitucional y Cs acusó al PP y al PSOE de haberla bloqueado.

La última versión de esta iniciativa que el partido de Arrimadas llevó al Congreso no fue aceptada por el Pleno, que el 17 de junio rechazó su admisión a trámite con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco, entre otros. En cambio, obtuvo el apoyo del PP, Vox y Más País.

PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES

El nuevo texto recoge medidas para proteger a quienes que alertan de casos de corrupción --irregularidades, infracciones o actos ilícitos en la Administración Pública--, reconociéndoles el derecho a la confidencialidad, a la asesoría legal, a asistencia psicológica y a la protección ante represalias, en particular en el ámbito laboral.

Además, se refiere a casos de corrupción producidos no solamente en el sector público, sino también en el privado, y prevé que se pueda alertar de forma confidencial mediante canales de denuncia interna.

En el marco de esta iniciativa, Ciudadanos propone crear la Autoridad Independiente de Integridad Pública como "garante de la recta actuación frente a la corrupción del sector público estatal y, en su caso, autonómico y local, así como del sector privado en aquellos casos que lesionen o menoscaben el interés público".

Este organismo independiente se encargaría de investigar los posibles casos de corrupción, asumiría las competencias en materia de conflictos de intereses de los funcionarios y recogería la protección integral del denunciante.

DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Asimismo, Cs plantea reformar el Código Penal para tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, por el que tendrían que responder las autoridades y funcionarios que experimenten un incremento sustancial de su patrimonio y no puedan explicar su origen, ya que podría ser indicio de la obtención de un lucro indebido como consecuencia de su actividad política.

También establece la responsabilidad civil subsidiaria para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometido, en el desempeño de sus obligaciones o servicios, sus cargos orgánicos, representantes, gestores, empleados o dependientes.

Por último, la proposición de ley prohíbe los indultos a personas condenadas por corrupción política, para impedir que el poder político pueda "autoabsolverse por delitos relacionados con la financiación ilegal de partidos, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y contra la Administración Pública".

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