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Campo dice que la LeCrim dará el control de la información a Fiscalía para salvaguardar la presunción de inocencia

Delgado muestra su preocupación por las formas de violencia a través de Internet contra menores o el acoso sexual 'online'

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este jueves que el hecho de que el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) ponga el control de la información sobre la instrucción penal --que pasara de jueces a fiscales-- en manos del Ministerio Público obedece a un doble objetivo de "compatibilizar y salvaguardar tanto el derecho a informar libremente como el derecho a la presunción de inocencia".

Campo ha destacado, en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos, que la nueva LeCrim incorpora al proceso penal "la preocupación por la privacidad" regulando "exclusivamente en la fase de investigación meramente preparatoria el establecimiento de canales de información a través del Ministerio Fiscal".

"El fin es claro, compatibilizar y salvarguardar tanto el derecho a informar libremente como el derecho a la presunción de inocencia", ha dicho, durante su intervención en el I Foro de Privacidad, Innovación y Sostenibilidad, organizado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

No obstante, el ministro ha confiado en "contar con las aportaciones de los medios de comunicación y sus profesionales", durante la fase de audiencia e información públicas del borrador de la nueva LeCrim, que se inició el pasado martes. "Nos resultan imprescindibles", ha afirmado.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Por otro lado, ha destacado el Pacto Digital para la Protección de las Personas que se ha presentado este jueves, como "un valioso instrumento en la protección del derecho a la privacidad en el entorno digital" que están llamados a suscribir empresas y medios de comunicación, no para adquirir más responsabilidad --ha aclarado--, sino para "adoptar un compromiso para incorporar la llamada ética digital".

Además, ha considerado que, "en un contexto de cambio social, iniciado por la crisis económica de 2008 y que la pandemia ha acelerado", es necesario "fortalecer el Estado tanto para asegurar la prestación de calidad de los servicios públicos como para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades digitales, también en el contexto de transformación digital de nuestra sociedad".

IMPULSO A UNA CARTA DE DERECHOS DIGITALES

Por ello, ha indicado, "el Gobierno de España, que mantiene una apuesta firme por la protección de los derechos fundamentales en el entorno digital, está impulsando una carta de derechos digitales" a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que ha constituido un grupo de trabajo de nueve expertos en derechos digitales.

El ministro ha señalado que "la carta no tiene un carácter normativo, siendo su objetivo convertirse en un marco de referencia para la interpretación y la protección de los citados derechos en el entorno digital, y lo hace situando a las personas, con especial atención a los colectivos más vulnerables, en el centro de una digitalización humanista".

Campo ha reivindicado que "la protección de la privacidad en el ámbito digital también es un asunto público y colectivo", presentando el pacto y la carta como instrumentos complementarios que pueden servir para avanzar hacia "un gran pacto de Estado para promover la convivencia ciudadana en al ámbito digital".

CLAUSURA DEL ACTO

Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que ha clausurado este primer foro, ha mostrado su preocupación por todas las formas de violencias cometidas por Internet, en especial contra las personas vulnerables como menores o víctimas de violencia de género.

Ha resaltado el acceso y divulgación sin consentimiento de información sensible, fotografías o vídeos de carácter íntimo; la vigilancia, seguimiento y control de actividades en línea, o los daños a la reputación de la víctima mediante "sextorsión" o el acoso sexual en línea.

La fiscal general del Estado ha puesto en valor las relaciones de cooperación institucional con la AEPD, a través de instrumentos como el Protocolo General de Actuación entre la Fiscalía General del Estado y la Agencia Española de Protección de Datos para la colaboración en materia de atención a personas cuyos datos se hayan obtenido y difundido ilegalmente.

Un protocolo, que según ha destacado el Ministerio Público en un comunicado, "está dando magníficos resultados". A través del mismo se consigue incrementar la eficacia de las medidas de atención a las personas afectadas, particularmente en casos de violencia contra la mujer y contra jóvenes, así como de conductas homófobas o racistas.

Asimismo, Delgado ha puesto de relieve el compromiso de la Fiscalía con el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.

También ha destacado el dictado de la Instrucción 2/2019 sobre la Protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal, y el nombramiento el pasado año del Delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal y de los fiscales que conforman la red de Adjuntos autonómicos del Delegado, que se suma a las múltiples actividades de carácter formativo y de concienciación llevadas a cabo en esta materia.

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