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Campo dice que la LeCrim dará el control sobre la información a la Fiscalía para salvaguardar la presunción de inocencia

El Gobierno prepara una "carta de derechos digitales" como "marco de referencia" para proteger los derechos en el mundo digital

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este jueves que el hecho de que el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) ponga el control de la información sobre la instrucción penal --que pasara de jueces a fiscales-- en manos del Ministerio Público obedece a un doble objetivo de "compatibilizar y salvaguardar tanto el derecho a informar libremente como el derecho a la presunción de inocencia".

Campo ha destacado, en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos, que la nueva LeCrim incorpora al proceso penal "la preocupación por la privacidad" regulando "exclusivamente en la fase de investigación meramente preparatoria el establecimiento de canales de información a través del Ministerio Fiscal".

"El fin es claro, compatibilizar y salvarguardar tanto el derecho a informar libremente como el derecho a la presunción de inocencia", ha dicho, durante su intervención en el I Foro de Privacidad, Innovación y Sostenibilidad, organizado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

No obstante, el ministro ha confiado en "contar con las aportaciones de los medios de comunicación y sus profesionales", durante la fase de audiencia e información públicas del borrador de la nueva LeCrim, que se inició el pasado martes. "Nos resultan imprescindibles", ha afirmado.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Por otro lado, ha destacado el Pacto Digital para la Protección de las Personas que se ha presentado este jueves, como "un valioso instrumento en la protección del derecho a la privacidad en el entorno digital" que están llamados a suscribir empresas y medios de comunicación, no para adquirir más responsabilidad --ha aclarado--, sino para "adoptar un compromiso para incorporar la llamada ética digital".

Ademas, ha considerado que, "en un contexto de cambio social, iniciado por la crisis económica de 2008 y que la pandemia ha acelerado", es necesario "fortalecer el Estado tanto para asegurar la prestación de calidad de los servicios públicos como para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades digitales, también en el contexto de transformación digital de nuestra sociedad".

Por ello, ha indicado, "el Gobierno de España, que mantiene una apuesta firme por la protección de los derechos fundamentales en el entorno digital, está impulsando una carta de derechos digitales" a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que ha constituido un grupo de trabajo de nueve expertos en derechos digitales.

El ministro ha señalado que "la carta no tiene un carácter normativo, siendo su objetivo convertirse en un marco de referencia para la interpretación y la protección de los citados derechos en el entorno digital, y lo hace situando a las personas, con especial atención a los colectivos más vulnerables, en el centro de una digitalización humanista".

Campo ha reivindicado que "la protección de la privacidad en el ámbito digital también es un asunto público y colectivo", presentando el pacto y la carta como instrumentos complementarios que pueden servir para avanzar hacia "un gran pacto de Estado para promover la convivencia ciudadana en al ámbito digital".

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