Todos los presidentes del Gobierno tuvieron información sobre las actuaciones del rey emérito

Suárez, González, Aznar, Zapatero y Rajoy conocían las irregularidades de Juan Carlos I y no hicieron nada para cortarlas

Don Juan Carlos.
Don Juan Carlos.

Todos los presidentes del Gobierno que han ocupado el cargo en España durante la democracia tuvieron conocimiento de comportamientos irregulares del entonces rey don Juan Carlos, en muchos casos por información de los servicios de inteligencia, antes CESID ahora CNI, y no tomaron ninguna medida para cortarlos.

Así se refleja en el libro “Al servicio de Su Majestad”, que hoy sale a la venta, escrito por Fernando Rueda, el máximo especialista español en cuestiones de espionaje, que "saca a la luz la desconocida relación que los miembros de la Casa Real han mantenido en los últimos 50 años con los servicios secretos españoles".

El libro plantea la cuestión de fondo de si los Servicios de Inteligencia deben proteger al Jefe del Estado en todos los casos, incluyendo comportamientos reprochables y hasta delictivos.

Confidencial Digital ha tenido acceso a algunos pasajes destacados del libro, que ofrecemos a continuación.

¿Debe el CNI proteger al rey en cualquier circunstancia?

Ajenos al debate abierto en algunas capas de la sociedad, nunca nadie en el servicio secreto se había formulado la siguiente pregunta: ¿Debe el CNI proteger al jefe del Estado en cualquier circunstancia? 

En concreto, si conocen los delitos cometidos por el rey o sus familiares, ¿deben protegerle y guardar silencio amparándose en que su desprestigio puede suponer un descrédito para la monarquía y, por lo tanto, un peligro para la estabilidad del país?

Félix Sanz manifestó en el Congreso de los Diputados que nadie en el Gobierno le había encargado investigar los negocios de Juan Carlos. Lo mismo podrían afirmar todos sus antecesores: en sus propias indagaciones sobre las personas que rodeaban a la monarquía —amistades peligrosas— o mientras cuidaban de la seguridad de algunos de sus miembros, descubrieron operaciones supuestamente no muy legales en las que el rey, directa o indirectamente, estaba relacionado de alguna forma. Un argumento poderoso, el de Sanz, pero planteado de una forma interesada para protegerse.

El Servicio les informaba

En una parte importante de estos casos existen confirmaciones, más allá de las sospechas, de que los gobiernos conocieron esos datos sobre lo que genéricamente llamamos corrupción. 

Lo sabían porque los directores del Servicio les informaban puntualmente de sus descubrimientos, como era su deber. Tampoco hicieron nada. 

 

En la mayor parte de las situaciones, los temas en los que se hablaba de que Juan Carlos podía haberse llevado dinero nunca fueron confirmados, eran sospechas a las que no daban crédito. Mantenía comportamientos preocupantes, se rodeaba de personas poco recomendables, pero preferían dejarle hacer evitando inmiscuirse.

Suárez no entró en las sospechas de que el rey pudiera llevarse un porcentaje del dinero de la importación de petróleo, igual que no actuó cuando el rey buscó financiación en los países árabes amparándose en la necesidad de consolidar su nuevo partido, la UCD.

En la etapa de Felipe González, en el caso KIO, con Javier de la Rosa de por medio, condenaron a Manuel Prado y Colón de Carvajal, el encargado de los negocios del rey, con la conjetura de que una parte se la podía haber quedado el monarca.

Con Aznar en el poder, el yerno (Urdangarín) empezó a ganar dinero gracias a su pertenencia a la familia real, información que el CNI sacaba de los ordenadores de su empresa, le transmitía al rey y debería haberle enviado al gobierno —¿Lo hizo?—.

En el periodo de Zapatero, el CNI estuvo cuatro años espiando intensamente a Corinna y le alertó de su sospecha. 

Y con Rajoy y Sánchez siguió el problema, con un Félix Sanz empeñado en proteger al monarca, pero lo suficientemente listo como para no presionar a Corinna sin informar previamente, a grandes líneas, a sus presidentes. Por lo tanto, es difícil justificar que algunas actuaciones de Juan Carlos no despertaran desconfianza en todos los gobiernos de la democracia. 

Varios ministros del PSOE y el PP admitieron en un reportaje de El País que «llegaron a estar preocupados por la conducta de Juan Carlos I y que es necesario hacer cambios en la regulación de la institución para protegerla o salvarla (…). El país ha sido muy tolerante o demasiado temeroso de la censura al rey (…). Para acercarse a don Juan Carlos había que tener autonomía. Solo podían hacerlo los presidentes, y no me costa que ninguno desaconsejase al rey una conducta diferente a la que al rey le agradaba».

Felipe VI y el CNI

Tiempo antes de la boda, se habían institucionalizado las relaciones del príncipe (Felipe) con el CNI. Aplicado y estudioso, antes de realizar un viaje al extranjero para representar a España reunía toda la información posible, incluida la que ponía a su disposición el servicio secreto. 

Mientras el vínculo oficial lo seguía ostentando su padre, él comenzó a aumentar sus peticiones de datos a Saiz, a quien invitaba a veces a despachar para enterarse de muchos temas de una forma directa. 

Las relaciones se convirtieron en más habituales y frecuentes en la etapa de Félix Sanz cuando años después se empezó a vislumbrar la abdicación de su padre. Sanz contaba con la amistad de Juan Carlos y no le costó mucho ganarse el aprecio de Felipe, que encontró en él a alguien de confianza. 

Una visita al Centro

Muestra de esta buena relación, en secreto, como siempre, el nuevo rey hizo una visita a la sede del CNI en noviembre de 2015, cuando todavía no había pasado año y medio de su llegada a la Jefatura del Estado. 

Acudió también la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, en su calidad de responsable político. El pretexto elegido fue el aniversario de la creación de la unidad operativa, el grupo más secreto del servicio. Allí le esperaba una nutrida representación de agentes en activo y de otros que en su día habían formado parte del grupo. 

Llamó la atención de muchos que una vez comenzado el acto apareciera apresuradamente, consciente de su retraso, el que fue durante el inicio de la Transición el jefe de la Unidad, José Luis Cortina. Amigo y protegido de Félix Sanz, acudió tras una etapa en la que los directores civiles, Dezcallar y Saiz, no habían querido saber nada de él. Pero la relación que había mantenido con el anterior monarca pesó más en la valoración del nuevo director.

Resultó curioso para algunos de los presentes que otro antiguo jefe de la unidad, Juan Alberto Perote, tachado con la uña rabiosa por La Casa por haberse llevado las microfichas que tanto daño hicieron al servicio, no estuviera allí y sí el hombre relacionado con el golpe de Estado del 23-F. Habían pasado casi treinta y cinco años y Cortina seguía en la corte del mundo del espionaje y en la de la monarquía.

Unidad de Defensa de las Principios Constitucionales

Ese mismo año 2015, Felipe fue informado por Félix Sanz de su decisión de crear en el Servicio una actividad permanente que suponía una reforma de calado que pasó bastante desapercibida, respaldado por Sáenz de Santamaría. 

Su pretensión era organizar y agrupar algunas de las actuaciones más conflictivas que llevaban ejecutando desde su creación en 1977 y que habían aumentado considerablemente en los años anteriores.

Los jefes del Servicio Secreto utilizaron a sus mejores hombres, siempre los más discretos, para cuidar al rey en las más variopintas misiones, entre ellas vigilar e informar sobre sus amigos poderosos metidos en líos, las amigas que entraban en su círculo y daban problemas, los negocios que peligrosamente salían a la luz pública o la vigilancia sobre algunos familiares. 

Sanz decidió unificar todas estas misiones, junto a algunas otras con escasa o nula relación con la familia real, pero de una trascendencia vital para la democracia como el separatismo catalán y otras manifestaciones similares contra la Constitución, y darles una entidad, un paraguas que las metiera totalmente en la legalidad. Creó la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales.

Felipe no les planteaba los mismos problemas que su padre. Pero la nueva unidad, que ya existía sin organizar desde hacía tiempo, todavía debía bregar con temas pendientes como los problemas suscitados por las actividades privadas de Juan Carlos que habían beneficiado, al menos, a Corinna Larsen.

El CNI para el Ministerio Defensa

Felipe acometió el primer cambio de Gobierno con un estilo muy distinto al de su padre en relación a los temas de inteligencia. 

El presidente Pedro Sánchez tomó posesión en junio de 2018 y decidió nombrar como ministra de Defensa a Margarita Robles. Ofrecía el arquetipo tradicional para el puesto: concepción interiorizada de la política de Estado, dotes de mando y aceptable para los militares. Al rey le pareció bien y no intentó que nombraran a otra persona, como solía hacer su padre. 

Magistrada de prestigio, había desempeñado en la etapa de Felipe González la Secretaría de Estado de Interior y había mostrado su integridad a prueba de bombas impulsando la guerra contra las actividades delictivas de los GAL, como la investigación sobre el secuestro y asesinato de los etarras Lasa y Zabala y el fin de los pagos con fondos reservados a los policías implicados en el caso, Amedo y Domínguez.

Tampoco puso objeción a que el CNI pasara a depender de ella, un regreso al Ministerio de Defensa. Entendió que era una guerra interior de poder en el Gobierno y aunque la Vicepresidencia podía ser mejor sitio, siempre había estado en Defensa y no pasaba nada.

Cataluña y Corinna

Al rey le encantó que Félix Sanz siguiera mandando el CNI. Le quedaba un año para cumplir su segundo ciclo de cinco en el cargo y parecía recomendable no abrir ese melón. La situación política era inestable y Sanz conocía al dedillo todos los graves temas que asolaban al Estado y no parecía recomendable poner a alguien nuevo que tuviera que aprendérselos. 

Felipe y Sánchez sabían que la lucha por la independencia en Cataluña seguiría produciendo quebraderos de cabeza. 

Y también que estaba en plena efervescencia el tema de Corinna y su unión temporal con el comisario Villarejo. Sanz había lidiado desde el inicio con el problema, había combatido activamente y lo conocía mejor que nadie. Una actuación que le había llevado a una pelea pública con Villarejo; si le quitaban parecería que el comisario había ganado la batalla. Además, había sido nombrado por Zapatero, que siempre hablaba bien de él, y ratificado por Rajoy. Con ambos había mostrado una lealtad a prueba de bombas. No había nadie mejor que él para seguir defendiendo los intereses del palacio de La Zarzuela.

Pujol amenaza con tirar de la manta

«Si vas segando una parte de una rama, al final cae toda la rama y los nidos que hay en ella, y después caen todas las demás ramas». La frase de Jordi Pujol fue demoledora, algunos se preguntaron si era una amenaza subliminal, muchos interpretaron que sí. 

Aunque la pronunció muchos años después de la década de los noventa, mientras estaba siendo investigado judicialmente por haber acumulado y ocultado dinero de dudosa procedencia, retrataba de una manera personal lo que había ocurrido durante la época de Felipe González. Si iban contra él por las irregularidades monetarias cometidas siendo presidente de la Generalitat, él podría tirar de la manta y contar lo que habían hecho otros dirigentes de partidos catalanes y nacionales. Y entre esos políticos siempre estuvo incluido el rey.

Presidente catalán entre 1980 y 2003, asentó el poder gracias a sus continuas victorias electorales. Nadie desde el Gobierno central se atrevió a denunciar lo que se contaba en todos los mentideros: el porcentaje, el 3 por ciento, que miembros de su partido supuestamente cobraban a cambio de las concesiones de obras públicas.

Pujol se llevaba muy bien con la Jefatura del Estado y con los gobiernos, ya fueran del PSOE o del PP. Pero eso no suprimía el juego subterráneo, el de desacreditar al contrario para dañarle y quitarle prestigio. Sin embargo, no hubo ninguna campaña contra él.

Dosieres por todas pares

Muchos han contado que era uno de los que disponía de numerosos dosieres de sus contrincantes que le hacían inmune a sus ataques. 

Finales de los ochenta y principios de los noventa fue una etapa en la que Cataluña se convirtió en un lugar en el que la gente influyente contrataba detectives o ex policías para elaborar informes sobre sus enemigos políticos o para culminar los negocios.

Muchos estaban fabricados con recortes de prensa y algunos contaban con el seguimiento de los afectados. Los de mayor calidad incluían cuentas corrientes en paraísos fiscales donde el investigado ocultaba su patrimonio, aunque la confirmación de esa información era complicada y se sospechaba que podían ser datos inventados.

Mario Conde, Javier de la Rosa y otros fueron acusados de poseer esos dosieres, acompañados de vídeos y grabaciones, y de amenazar al Estado con utilizarlos cuando su situación era penalmente complicada si no frenaban las actuaciones de los jueces. Siempre se dijo que entre esa información delicada estaba la referida a «altas instituciones del Estado». Amenazas que jamás concluyeron con la difusión de los mismos, a excepción del citado listado de microfichas sacadas por Perote del CESID y compartidas con Mario Conde.

Cuentas en Suiza

Expertos en la materia durante aquellos años aseguran que Pujol podía disponer o no de dosieres, pero lo que seguro que tenía era valiosa información sobre las cuentas en Suiza y en otros paraísos fiscales de algunos de sus oponentes políticos. Si él se llevaba dinero, otros muchos lo hacían. De tal forma que si alguien cortaba la rama, caían todos los nidos.

La actuación de Manglano corroboró esta teoría: si el enemigo tiene información que nos incrimina, nosotros debemos obtener información que le incrimine a él y la balanza queda nivelada. Nadie saca la información y todos en paz. 

La prueba de que el CESID disponía de los datos de la cuenta de los Pujol en Andorra la desvela el agente Mikel Lejarza, que estuvo trabajando en Cataluña durante esos años. «Tuvimos la suerte de que uno de mis hombres, José Manuel Trujillo, se liara con una de las amantes del hijo mayor de Pujol, a la que Jordi Pujol Ferrusola entregó quinientos millones de pesetas para ingresarlos en la cuenta de ella en la Banca Privada d’Andorra. Tal como me informó Trujillo, la chica le hacía el trabajo a su amante de llevarle los dineros y quizás también cumplía el papel de testaferro. Trujillo la acompañó a llevar los quinientos millones desde Barcelona hasta Andorra, y mi mujer y yo nos desplazamos desde Madrid, pero sin entrar en contacto con ellos. Además, en la Banca Privada d’Andorra trabajaban familiares de otro de mis hombres, Juan Gracia, lo que nos facilitó el acceso a esa información». 

El CESID nunca utilizó esa información, al menos abiertamente. Quedó archivada y guardada en el nido de una rama, por si alguien la cortaba. Es decir, solo habría aparecido si desde Cataluña alguien hubiera filtrado la información sobre operaciones en las que estuvieran involucrados miembros del gobierno o la Jefatura del Estado. Lo que nunca pasó.

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