La demanda de paternidad contra don Juan Carlos se resolverá antes del verano

Según estipula la ley, el caso de la supuesta hija ilegítima del rey Juan Carlos debe resolverse en un plazo aproximado de cien días. El abogado Vicente Tovar, del bufete Vicente Tovar Abogados, explica a Monarquía Confidencial las claves de este proceso judicial.

“Es la única alta institución en esta situación”

“El proceso no debe prolongarse más de tres o cuatro meses”, asegura Tovar. Al plazo de 20 días hábiles que tiene el monarca para contestar a la demanda, hay que sumar un mes para que se abra la audiencia previa, y otro para que se celebre el juicio. Finalmente, el Supremo tiene otros 20 días para dictaminar la resolución.

Este plazo de tiempo podría prolongarse más en otros casos debido a la sobrecarga de trabajo de los juzgados españoles. Sin embargo, esta circunstancia, explica el experto, no afecta al caso del antiguo jefe de Estado.  

“No sería un problema para don Juan Carlos, ya que es la única alta institución en esta situación”, destaca Vicente Tovar. El monarca es aforado del Supremo desde julio de 2014, cuando el Parlamento aprobó la reforma legal para incluirle junto a doña Sofía, la reina Letizia y la princesa de Asturias.

Al ser el Supremo el que lleva su caso, es fácil “resolverlo en el tiempo que marca la ley”.

Acuerdo privado

Existe la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo privado. Este acuerdo se pactaría a través de una reunión entre el abogado de Juan Carlos I -ha recurrido a uno privado ya que el convenio que Zarzuela tiene con la Abogacía del Estado no cubre asuntos particulares como la demanda de paternidad- y el de Ingrid Sartiau, en la que se barajarían cuestiones como el acuerdo de una cantidad económica para la demandante y el consecuente cierre del caso.

De no ser así, el Supremo convocará a las partes a una audiencia previa. De no haber tampoco acuerdo en ésta, se propondrán las pruebas y, una vez admitidas, tendrá lugar el juicio.

El rey Juan Carlos puede negarse a someterse a la prueba de ADN. Esta negativa, explica el abogado Vicente Tovar, no implica que se dé por confirmada automáticamente la paternidad, pero suele ser una prueba relevante que puede implicar una presunta “asunción de paternidad”.