El Senado belga estudia reducir o suprimir las dotaciones económicas de los príncipes de la Casa Real

Se pretende que el Estado sólo otorgue asignaciones a los príncipes que sean herederos del trono, retirando las que disfrutan otros miembros de la Familia Real.

Un grupo de trabajo va a someter al Senado un proyecto para que los príncipes de Bélgica vean reducidas o suprimidas sus dotaciones presupuestarias a cargo del erario público, salvo en el caso del príncipe heredero. Un grupo creado por la Comisión de Finanzas del Senado ya había estudiado en vano esta cuestión. El nuevo grupo, compuesto por diez miembros de diversos partidos, será encargado de redactar un informe que someterá a la consideración de la Alta Cámara.

Ya en marzo de este año el legislador nacionalista flamenco Jambon afirmó que la Familia Real Belga obtiene del contribuyente mucho más que la mera lista civil, y concretamente unas tres veces ésta. Esas declaraciones ya causaron cierto revuelo al afirmar que unos 234 policías aseguran la seguridad de la familia real, que no tiene que pagar –por ejemplo- sus vuelos, etc. Dijo que si la lista civil no fuera suficiente debería aumentarse para que hubiera mayor transparencia acerca de los fondos reales. Jambon también pidió que el erario público no pague nada a la princesa Astrid y al príncipe Laurent y declaró: "ellos son gente común como usted y como yo. No veo por qué ellos no pueden conseguir un trabajo".

Recientemente se conoció que las asignaciones de la familia real tuvieron en el presupuesto 2008 del gobierno Laterme votado a principios de mayo una inflación del 5,5% con relación al último año. Por orden decreciente las dotaciones anuales son: el rey Alberto II: 9,93 millones de euros (+5,1%); la reina Fabiola: 1,52 millones de euros (+5,1%), el príncipe Felipe: 961.000 euros (+5,6%); la princesa Astrid: 333.000 euros (+5,7%) y el príncipe Laurent: 319.000 euros (+5,6%). En total las asignaciones de la familia real belga ascienden a 13,04 millones de euros.

En la monarquía belga existe un cargo, el de Intendente de la Lista Civil del Rey, que es responsable del manejo de los recursos materiales, financieros y humanos de la Casa del Rey. Es asistido por el Comandante de los Palacios Reales, el Tesorero del Lista Civil Real y el Consejero de la Lista Civil.

El funcionamiento de la lista civil y las asignaciones al soberano y a su familia es diferente según los países. En Inglaterra, es el Parlamento quien corre con los gastos oficiales del soberano, obtenidos de fondos públicos. Su monto es establecido por la cámara cada diez años y cualquier cantidad ahorrada puede ser transferida al siguiente período de diez años. Antiguamente los monarcas corrían con todos los gastos oficiales a partir de sus ingresos hereditarios, incluyendo las ganancias del real patrimonio. En 1760 Jorge III de Inglaterra acordó renunciar a los ingresos hereditarios a cambio de la lista civil, acuerdo que aún persiste. El monarca británico aún es dueño del patrimonio de la Corona, pero no puede venderlo: debe seguir pasando de un soberano a otro. Además posee como patrimonio privado el ducado de Lancaster mientras que el príncipe de Gales tiene el ducado de Cornualles pero en ambos casos como fideicomisos de modo que tampoco pueden ser enajenados. El soberano británico paga IVA pero no impuesto sobre la renta ni el impuesto de plusvalías, aunque desde 1993 abona voluntariamente el impuesto sobre la renta personal.

En nuestro país, “todo sale de la misma bolsa”, es decir que la asignación presupuestaria para la Casa del Rey es única y de ahí se reparte. Anualmente, las Cortes Generales son las encargadas de fijar la partida que los Presupuestos Generales del Estado dedican a cubrir los gastos de la Casa. El incremento de estos créditos a lo largo de las tres últimas décadas ha ido parejo al crecimiento del coste de la vida. La cantidad destinada a la Casa del Rey ha pasado de 512.386 euros en el año 1976 -primer ejercicio completo de Juan Carlos I al frente de la Jefatura de Estado- a los 8,289 millones de euros que se presupuestaron en 2007 y los 8,5 en 2008, es decir unos cuatro millones de pesetas diarios. Recientemente la Casa del Rey ha recuperado la figura del Interventor que ya existía en la Constitución de 1812.

Amadeo-Martín Rey y Cabieses

 

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